Las políticas públicas implican el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos y/o, a la obtención de mayores niveles de bienestar social, resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención de los objetivos señalados.
Dentro del proceso de aplicación de políticas públicas, los procesos mismos de toma de decisiones son de particular relevancia; Éstos implican, seleccionar de entre diferentes políticas, aquellas que se ajusten mejor a los objetivos buscados, con base en criterios previamente definidos. Esta selección, requiere de evaluar las distintas alternativas existentes en relación con sus resultados previstos o ante la alternativa de no llevar a cabo acción alguna, de tal manera que sea posible elegir la mejor o más aceptable de las alternativas existentes.
La fase de evaluación de una política pública no es un proceso lineal, es de hecho una parte componente de un proceso cíclico de configuración de la propia política. Así como cada individuo toma decisiones sobre los distintos aspectos de su vida, que lo llevan a evaluarlas constantemente y a funcionar con base en los resultados obtenidos, en el campo de las políticas públicas, la evaluación representa los niveles esperados y los ocurridos de rendimiento.
La estructura de las Políticas Públicas son de hecho un ciclo; como tal, dentro de cada fase, el proceso cíclico mismo se repite.
La evaluación de políticas públicas, representa poder valorar la política desde su inicio hasta su final permitiendo entonces, que las acciones u omisiones del Estado, que provocan consecuencias positivas o negativas en la sociedad, puedan mitigarse, incrementarse o neutralizarse para resolver el problema que les dio origen. También facilita la posibilidad real de aplicación de los conceptos de "rendición de cuentas" y de "límites y contrapesos" en la sociedad, permitiendo que ésta tenga la capacidad efectiva de exigir a las autoridades públicas que expliquen sus acciones, por supuesto, mediante un marco jurídico e institucional que sustente y posibilite el cumplimiento de esta exigencia. Dicho de otra manera, la evaluación de las políticas públicas funge como un medio de control sobre los ejecutantes de programas gubernamentales y tomadores de decisiones públicas.
Los conceptos de "rendimiento de cuentas" y de "límites y contrapesos", derivan de la traducción usada por el escritor mexicano Carlos Fuentes, de las palabras inglesas usadas comúnmente en el derecho público anglosajón, accountability y cheks, las cuales, en opinión del mismo traductor, resulta lamentable que sean tan difíciles de traducir con plena exactitud.
Con la afirmación anterior, se puede asentar que a la luz de un método de evaluación, el desarrollo de las políticas públicas, los programas o los proyectos, pueden ser reprogramados y perfeccionados bajo la vigilancia de la sociedad en general, organizaciones de la sociedad civil, gobierno y población beneficiaria.
La evaluación es una actividad que tiene por objeto maximizar la eficiencia y eficacia de las políticas, programas o cualquier acción diseñada y/o implementada tanto por el gobierno como por cualesquier otra organización, para con ello, lograr la obtención de sus fines particulares y el uso apropiado de los recursos obtenidos.
Sería posible citar una definición de Evaluación utilizada por la Organización de las Naciones Unidas en 1981 "[...] Es un proceso encaminado a determinar sistemática y objetivamente la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades a la luz de sus objetivos; se trata de un proceso organizativo para mejorar las actividades todavía en marcha y ayudar a la administración en la planificación, programación y toma de decisiones futuras."
En los últimos 10 años, el Banco Mundial ha ayudado a unos 50 países a definir su presupuesto basado en resultados (RBB, por sus siglas en inglés) como un medio para mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos. El RBB apunta a dejar de gestionar el presupuesto según los insumos concentrándose en productos y resultados tangibles vinculados con objetivos de políticas públicas. Se trata de un medio que ayuda a administrar recursos públicos escasos mejorando la eficiencia y la prestación de servicios en áreas como salud y educación.
Si bien los países persiguen distintos objetivos cuando requieren un RBB, muchos enfrentan desafíos similares: a) ‘sobrecarga’ vinculada a la recopilación de demasiada información sobre el desempeño, b) altos costos de generar y procesar información presupuestaria (y no presupuestaria), c) déficit importante en la recopilación y análisis de los datos, d) uso de información sobre desempeño en la toma de decisiones y e) asimetrías de información entre los actores de diferentes niveles del sector público.
La estrategia del Banco Mundial es participar en diálogos sobre políticas, generación de estudios y financiamiento para inversiones a la vez que apoya el intercambio de información y experiencias entre diversos países en desarrollo. Al ayudar en la reclasificación del presupuesto y fortalecer la recopilación de datos sobre desempeño y los sistemas de información de administración, la institución ayuda a las naciones a rastrear mejor los productos –y en ocasiones los resultados– de sus programas, además de identificar áreas donde mejorar la eficacia en función de los costos. Un foco de atención importante sigue siendo el intercambio de conocimientos e información entre pares mediante conferencias de alto nivel destinadas a apoyar los procesos de diseño e implementación.
Como ejemplo tenemos lo sucedido en Rwanda: La Asociación Internacional de Fomento (AIF) apoyó al Gobierno en la implementación de programas de pagos basados en el desempeño. Esto generó un cambio desde el pago basado en los insumos hacia el pago definido según el logro de objetivos de los servicios de salud en términos de productos y resultados. Una evaluación publicada en un estudio del Banco Mundial llamado “Paying Primary Health Care Centers for Performance in Rwanda”(Pagar a los centros de salud primaria en Rwanda según su desempeño) demostró que gracias a esta iniciativa, el uso del establecimientos para partos aumentó en 21% mientras que la calidad de la atención prenatal creció en 15%. Todo esto indica que en algunas circunstancias, el pago basado en el desempeño puede mejorar tanto el acceso como la calidad de los servicios.
Las reformas para implementar presupuestos basados en los resultados cumplen una función vital al vincular los gastos públicos con los resultados que preocupan a los ciudadanos, por ejemplo reducir la delincuencia, mejorar los logros escolares y reducir la mortalidad por enfermedades. Muchos países están dejando atrás los problemas operacionales de primera generación relacionados con garantizar que los presupuestos se clasifiquen según los programas y sus productos y ahora avanzan hacia el desafío de integrar la información del desempeño con la toma de decisiones y vincular las actividades y productos de los programas con los resultados finales. A fin de mejorar el diseño, la implementación, la expansión y la evolución de este tipo de iniciativas, es necesario incorporar las lecciones aprendidas de la experiencia.
En México, la Evaluación del Desempeño pretende coadyuvar en la Nueva Gestión Pública para generar información y conocimientos que permita a los gobiernos tomar decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto, enfocándose más en los productos de la actividad de los gobiernos que en los insumos que se requieren para ello. En este sentido, dicha evaluación es crucial, ya que valora los resultados alcanzados respecto de los objetivos planeados.
El Gobierno Federal ha venido impulsando modificaciones estructurales al proceso presupuestario, así como a los criterios considerados para la asignación de recursos públicos, al otorgar especial énfasis en la alineación de las políticas y programas públicos con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. Particularmente, considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. Así, el PND expone la ruta que el gobierno ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial.
Con la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) se busca, cambiar el modelo gubernamental para que las asignaciones presupuestarias respondan a los resultados y no a la inercia. Con estas mejoras se pretende incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reducir el gasto administrativo y de operación gubernamental, promover las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, generar un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población.

Hace falta conectar la primera parte sobre evaluación con la segunda sobre PBR. ¿De qué forma el PBR puede contribuir a alcanzar lo propuesto en el PND? ¿Qué diferencias identificas entre el caso ruandés de PPD y el PBR en México?
ResponderEliminarNo conozco a detalle el programa de Rwanda, ni sus disposiciones jurídicas, pero supongo que al implementar de una manera más eficaz el PBR, tener mejores indicadores durante todo el proceso de implementación y desarrollo del programa, ser más estricto con los resultados obtenidos y las evaluaciones que se realizan, el potencial del programa (que debe tener una buena justificación y planteamiento) se ve beneficiado en conjunto con la población. No así como sucede en nuestro país, ya que en cifras de CONEVAL los programas no están dando los resultados esperados y se siguen fomentando. Quizá la idea de la privatización de los servicios de salud en nuestro país (con la cobertura universal claro), pero bajo con una competencia por demanda, donde los recursos son destinados a donde los usuarios deseen atenderse, podría dar resultados similares al de Rwanda al mejorar la accesibilidad y la calidad de la atención.
ResponderEliminarPor otra parte, del PND se desprenden los Programas Sectoriales y los Programas de Acción Específicos, además de los Programas Transversales, teniendo todos una alineación programática y presupuestal. La vinculación de los objetivos de las metas nacionales del PND deben estar vinculadas con los programas que permitirán dar un seguimiento de acciones del gobierno.