Las razones que hacen deseable la evaluación institucionalizada en los programas del gobierno son también las que en parte, han obstaculizado su desarrollo: por lo general, las administraciones y autoridades se rehúsan a someter sus decisiones y acciones a la luz evaluadora de criterios que pueden venir a cuestionarlas. Por ello, inclusive en varios países democráticos la evaluación de políticas públicas ha tenido un desarrollo limitado.
La intervención pública solo se demuestra con eficacia y con transparencia, lo que requiere un cambio de actitud general para promover la creación de una “cultura evaluadora” con la tendencia a conseguir que los agentes políticos, económicos y sociales entiendan la evaluación como un instrumento de mejora en la planificación y de transparencia democrática, introduciendo las mayores dosis posibles de racionalidad en la toma de decisiones y evitando la posibilidad de ser utilizada como “amenaza” y/o “triunfo” en función de la posición del agente que haga uso de los informes evaluados. Con ello, se cerraría el círculo que sitúa a la evaluación como un elemento útil para el desarrollo y aplicación de las políticas públicas y también como ámbito de investigación que contribuye a reorientar el papel social de la ciencia económica impreciso tras los excesos de las últimas décadas. Para la estimación de la eficacia y deficiencia de la intervención pública la evaluación integral constituye un instrumento imprescindible.
Desde el punto de vista de la disciplina del análisis de la política pública, la investigación sobre métodos de evaluación integral como una de las fases fundamentales de la vida del programa gubernamental es perfectamente necesaria y justificable por el solo hecho de contribuir a su perfeccionamiento y a crear conocimiento.
Buena aportación.
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